Introducción
La evolución de la criminalidad en Uruguay desde el retorno a la democracia hasta la actualidad
refleja un proceso complejo, influido por factores económicos, sociales, políticos e
institucionales. Tradicionalmente considerado uno de los países más seguros de América Latina,
Uruguay experimentó a lo largo de las últimas cuatro décadas un deterioro paulatino de sus
indicadores de seguridad, con picos de violencia en determinados períodos y una posterior fase
de descenso reciente en varios delitos e incremento de otros. Analizar esta trayectoria permite
comprender no solo los cambios en los niveles delictivos, sino también la eficacia y las
limitaciones de las políticas públicas implementadas.
Estabilidad inicial tras la restauración democrática (1985–1994)
Luego de la dictadura militar, Uruguay atravesó un período de relativa calma en materia de
criminalidad. Durante la segunda mitad de los años ochenta y comienzos de los noventa, los
delitos se mantuvieron en niveles bajos y estables, especialmente en comparación con otros
países de la región. Los homicidios eran poco frecuentes (en el orden de los 200 por año) y los
delitos contra la propiedad (hurtos y rapiñas) no mostraban un crecimiento significativo.
Este contexto se explica por una sociedad relativamente integrada, niveles moderados de
desigualdad y un entramado institucional que aún conservaba cierta capacidad de control social.
La seguridad no ocupaba un lugar prioritario en la agenda pública, y el delito era percibido como
un fenómeno acotado.
No obstante, hacia el final del período comenzaron a aparecer señales tempranas de deterioro que anticipaban un escenario más complejo.
Crecimiento de delitos contra la propiedad y crisis económica (1995–2004)
A mediados de los años noventa se produce un punto de inflexión. Los delitos contra la
propiedad comienzan a aumentar de forma sostenida, y las rapiñas —hasta entonces poco
frecuentes— adquieren mayor visibilidad. Este crecimiento se intensifica con la crisis económica
que culmina en 2002, cuando el país atraviesa una de las peores recesiones de su historia.
El aumento del desempleo, la pobreza y la exclusión social tuvo un impacto directo sobre los
niveles de criminalidad. La crisis afectó de manera desigual a distintos sectores sociales y
territorios, debilitando los mecanismos tradicionales de integración.
Un aspecto clave de este período es que, aun cuando la economía comenzó a recuperarse después de 2003, los niveles de delito no descendieron de manera proporcional. Esto sugiere que la delincuencia adquirió un carácter más estructural, consolidándose prácticas, redes y trayectorias delictivas que no se revertían automáticamente con la mejora económica.
Reformas y tensiones bajo los gobiernos de izquierda (2005–2014)
Durante este período se implementaron reformas institucionales importantes orientadas a la
profesionalización policial, el control interno, la mejora salarial y la incorporación de tecnología.
También se fortalecieron los sistemas de información y análisis del delito, lo que permitió una
mayor capacidad de planificación.
Sin embargo, estas transformaciones no lograron impedir un aumento sostenido de la violencia
hacia el inicio de la década de 2010. A partir de 2011–2012, los homicidios comenzaron a crecer
de forma significativa, marcando una ruptura con décadas de relativa estabilidad. Este fenómeno
estuvo vinculado a la expansión del narcotráfico a escala local y la consolidación de subculturas
delictivas en barrios vulnerables.
Frente a este escenario, el gobierno combinó enfoques preventivos y sociales con un
endurecimiento progresivo de las respuestas penales, lo que evidenció tensiones internas entre
distintas concepciones de seguridad. A pesar de estas iniciativas, los delitos continuaron
creciendo, y la inseguridad se consolidó como una de las principales preocupaciones ciudadanas.
Pico de violencia (2015–2019)
La segunda mitad de la década de 2010 estuvo marcada por uno de los momentos más críticos en
la historia reciente de la criminalidad uruguaya. Los delitos contra la propiedad y los homicidios
alcanzaron niveles récord, especialmente en 2018 y 2019.
La implementación del nuevo Código del Proceso Penal en 2017 supuso una transformación
profunda del sistema judicial, que atravesó dificultades iniciales de adaptación. En paralelo, se
intensificaron los conflictos violentos entre organizaciones criminales, lo que impactó
directamente en el número de homicidios.
Este contexto de inseguridad influyó de manera decisiva en el debate político y probablemente
en los resultados electorales de 2019, que marcaron un giro en la orientación de las políticas de
seguridad.
Descenso reciente y nuevos desafíos (2020–2024)
Desde 2019–2020 se observa una reversión clara de las principales tendencias delictivas
tradicionales. Las rapiñas y los hurtos disminuyeron de forma sostenida, revirtiéndose a niveles
de comienzos de la década de 2010. Este descenso coincidió con cambios normativos, una
estrategia de seguridad más orientada al control y la disuasión, y el impacto excepcional de la
pandemia, que redujo la movilidad y las oportunidades para ciertos delitos.
Los homicidios, si bien descendieron tras el pico de 2018, se mantuvieron en valores elevados en
comparación con períodos históricos (cercanos a niveles de 400 por año, lo que aún duplica los
niveles pre 2010), lo que evidencia la persistencia de la violencia asociada al narcotráfico y al
crimen organizado, especialmente en zonas urbanas específicas.
Al mismo tiempo, emergió con fuerza un nuevo fenómeno: el crecimiento acelerado de las
estafas y delitos vinculados a las tecnologías digitales. Estos delitos, menos visibles pero
altamente extendidos, modificaron la estructura de la criminalidad y plantearon nuevos desafíos
para la prevención y la investigación penal. Estos delitos se multiplicaron por más de 20 en la
última década.
Conclusión
La trayectoria de la criminalidad en Uruguay entre 1985 y 2024 muestra un proceso no lineal,
condicionado por crisis económicas, transformaciones sociales, cambios institucionales y
decisiones políticas. Tras una etapa inicial de estabilidad hasta mediados de los 90, el país
enfrentó un prolongado ciclo de aumento del delito, con un punto crítico hacia fines de la década
de 2010 y una posterior fase de descenso en varios indicadores (hurtos y rapiñas
fundamentalmente). De todas formas, nuevas modalidades delictivas, como las estafas, muestran
un auge, con una multiplicación de por más de 20 en la última década. Los homicidios también
se ubican en valores cercanos a los máximos históricos, duplicando los guarismos observados a
fines del siglo XX.
Si bien los avances recientes muestran que es posible revertir tendencias negativas mediante
políticas focalizadas y sostenidas, persisten desafíos estructurales importantes. La violencia
ligada al narcotráfico, la desigualdad territorial y el auge de los delitos tecnológicos exigen
respuestas integrales que combinen control, prevención social, modernización institucional y
adaptación a nuevas formas de criminalidad. La experiencia histórica uruguaya demuestra que la
seguridad pública requiere estrategias de largo plazo, capaces de ir más allá de respuestas
coyunturales y de equilibrar eficacia, legalidad y cohesión social.